sábado, 1 de octubre de 2016

PODER ES PODER






En un capítulo de Juego de Tronos –esa serie de televisión que no poca gente ha elevado a la categoría de tratado de teoría política- un determinado personaje pretende chantajear a otro con la amenaza de revelar un secreto que le resultaría muy perjudicial y ello en un ilusorio alarde de fuerza basado en el principio que reza que “el conocimiento es poder”. Sin embargo, el personaje pretendidamente chantajeado responde de manera contundente: a una orden suya varios de sus guardias rodean al frustrado chantajista demostrando lo fácil que sería decretar su muerte. La conclusión –que extrae el entonces politólogo Pablo Iglesias en su libro Ganar o Morir. Lecciones políticas en juego de Tronos- es clara: sólo el “poder es poder”, de tal modo que cuando la guerra -o un grave conflicto- entra en escena, el orden y la política quedan subordinados a ella.

Parece poco discutible que el Derecho tiene algo de magia: unas determinadas palabras escritas (por ejemplo un contrato de compraventa o de trabajo), un ritual preciso (un juicio ante un tribunal penal) o un conjuro adecuado (un procedimiento de desahucio) son suficientes para que la vida de las personas cambie de manera sustancial e irreversible al perder su libertad, pasar a ser propietarios, vender su fuerza de trabajo ocho horas al día, o ser despojados de su vivienda. Las palabras otorgan poder.

Vivimos pues confiados en la bondad del Derecho y del sistema legal ya que sin perjuicio de la discusión acerca del origen más o menos democrático de sus normas, se crea el espejismo de una cierta seguridad basada en la racionalidad, la certeza y la lógica de un entramado jurídico lleno de supuestas garantías.

Sin embargo, la aplicación del Derecho (las leyes, los contratos, las decisiones judiciales) no se lleva a cabo mediante operaciones matemáticas o a través de meros silogismos, sino que hay interpretación y decisión, lo cual implica posicionamiento ideológico y político.

Así las cosas, los conceptos jurídicos suelen tener un núcleo duro más o menos incontestable y un halo de incertidumbre que permite varias interpretaciones. Es ahí donde radica, por ejemplo, la variabilidad de las decisiones judiciales ante supuestos relativamente parecidos y análogos, pues según el sentido que se le dé a ese halo –sentido que vendrá motivado por las circunstancias conscientes o inconscientes, deliberadas o no del intérprete, siempre subjetivo- así será el sentido de la resolución judicial que nos ocupe.

Con estas consideraciones, en estos azorados días que estamos viviendo, observamos que en entornos cerrados como puede ser un partido político, en las disputas jurídicas sobre la interpretación de su cuerpo legal –sus estatutos y demás normas internas- no es posible anticipar un resultado incuestionable y ello puesto que no estamos ante conceptos ni exactos ni racionales sino ante construcciones normativas que son interpretables desde posiciones divergentes e interesadas.

Esta situación de incertidumbre y desconcierto provocada por un puñetazo en la mesa que hace saltar las fichas del tablero, desemboca, al menos transitoriamente y hasta tanto en cuanto no se vuelva a recomponer la normalidad de la partida, en una tautología: que el poder permanezca allí donde el poder está. Por esa razón asistimos a situaciones tales como impedir, físicamente, el acceso a determinadas sedes o lugares. Como diría el poeta, las palabras entonces no sirven: son palabras.

La magia del Derecho, el poder que reporta conocer sus intrincados conjuros y recetas, nada puede hacer ante situaciones en las que las reglas del juego están en cuestión o simplemente en suspenso. En ese momento el poder es el poder.





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