miércoles, 25 de octubre de 2017

PURO RELATO





En la película de los hermanos Coen “El hombre que nunca estuvo allí” el abogado defensor esgrime una kafkiana y enloquecida estrategia sofística y le propone al jurado que no atienda a los hechos, sino al sentido de los hechos, para luego concluir que los hechos no tienen sentido.

Necesitamos dotar de significado a la incertidumbre y al caos y para eso nos valemos de la palabra, del relato.

En su última novela (“La mirada de los peces”), Sergio del Molino explica que las causas y las consecuencias, y los planteamientos, nudos y desenlaces, son construcciones literarias, de tal suerte que nuestras vidas, compuestas por un montón de sucesos, sólo se explican mediante el azar aunque somos nosotros, animales narrativos, quienes le damos forma y significado. Concluyendo que la vida se vuelve insoportable si no se pone en forma de novela”.

Somos animales narrativos, cierto. Pero también, como sabe todo hijo de vecino, somos seres políticos y nos mostramos satisfechos al sabernos animales ciudadanos, cívicos o sociales, de tal modo que sólo podemos llegar a ser verdaderos hombres o mujeres en tanto que contamos con la capacidad de reconocernos en el rostro de los demás, viviendo juntos, entrelazando concertadamente nuestras desordenadas diferencias, resultando que la política -el recto y decente gobierno de la vida en común- sería la manera que hemos encontrado para andar juntos ese camino.

Sin embargo, con demasiada facilidad y sin mucha resistencia, dócil y acomodadamente, nos hemos terminado acostumbrando a dejar de exigirnos que la política se sustente en el diálogo (institucional y también ciudadano) y nos conformamos con asistir a un espectáculo permanente en el que las diversas fuerzas o grupos políticos se afanan por ganar su particular lucha por el relato, algo así como una disputa constante con el único fin de persuadir a la ciudadanía, haciendo literatura (planteamiento, nudo y desenlace) de lo que en no pocos casos es mero capricho, miserable propósito o abyecto deseo.

La política habría dejado de ser por tanto el precario juego de dudas y certezas provisionales que nos permite, mal que bien, participar efectivamente en la organización de nuestro día a día. Habría dejado de ser, igualmente, el arte de lo posible para quedar reducida a forma sola, a un mero ejercicio de charlatanería y guerra de guerrillas retórica que cava sus trincheras a golpe de tuit, eslogan o titular, mercenarios dialécticos que cuentan con nuestro olvido, nuestro odio y nuestra ignorancia como principales aliados.

El relato implica narración, contar, hablar. Y se habla, se habla mucho. Se tiene que hablar más que el otro. Hay que dar sentido al sinsentido de los erráticos y desbocados poderes salvajes. Se trata ya sólo de cautivar, de contar, de narrar, de relatar, de imponer un punto de vista, de hacer comulgar con ruedas de molino, de retorcer o esconder la realidad de las cosas tras el sagrado manto de las palabras. Y se habla de escenarios posibles, pantallas superadas, espectáculo parlamentario o actores civiles. Puro teatro. Mala literatura. Best sellers de saldo.

En “La promesa de la política”, Hannah Arendt nos advierte que debemos de discernir entre la dialéctica como arte del discurso filosófico y por tanto encaminado a la búsqueda de la verdad, y la retórica o la persuasión, es decir, el arte del discurso.

La persuasión no se gesta necesariamente en la verdad, proviene de la opinión y tiene como fin imponer a un grupo de personas el parecer particular de uno o unos pocos, de tal suerte que la persuasión puede llegar a ser no una forma de gobierno opuesta a la violencia, sino una forma, sutil y delicada, de aquélla. 

Por eso dialogar no es lo mismo que sumar una sorda concatenación de monólogos interesados. Por eso hay que estar dispuesto a escuchar, a dejarse convencer por la opinión diferente del otro en la búsqueda necesaria de un territorio común, pues como sugiere Emilio Lledó, es navegando entre las ideas ajenas como nos hacemos una idea cabal del mundo. 

Más a más cuando, huérfanos de verdadera y decente vida política, sólo nos queda elegir entre abandonarnos al naufragio o apostar por la confección dialogada y conjunta de una historia compartida. 


Golpe a golpe. Verso a verso.


miércoles, 27 de septiembre de 2017

PALABRAS MÁGICAS







Nada nuevo bajo el sol. Seguimos abrazándonos a las palabras como a una tabla de salvación para sobrevivir al naufragio. Sin embargo (no descubro el mediterráneo) las palabras nunca son neutras ni indiferentes, las carga el diablo.

En el “Gorgias” de Platón ya se decía aquello de que la palabra es un gran soberano que con un cuerpo pequeñísimo y totalmente invisible realiza acciones divinas. Puede, en efecto, hacer cesar el miedo, eliminar el dolor, provocar la alegría, inspirar la compasión.

El nuevo sortilegio, el mantra salvador que casi nadie se atreve a discutir (tal vez porque, de algún modo, sea cierto) es que la actual situación vivida en Cataluña se soluciona con la política y no con la ley. Así, sin matices. Pura magia.

Desde Bobbio sabemos que la democracia no es posible sin derecho (al revés sí que se puede conjugar la ecuación, pues puede darse derecho sin democracia o incluso, bien lo sabemos, sin Justicia) y que la principal esencia del régimen democrático es la garantía de los derechos fundamentales, de tal suerte que, como afirma Ferrajoli, la democracia, sustancialmente, pasaría por un conjunto de límites y vínculos que conforman lo que el profesor italiano denomina “esfera de lo no decidible”, entendido como aquello que no puede ser sometido a nuevo debate (no está permitido violar los derechos de libertad de cada persona) y lo que no puede dejar de ser decidido, esto es, la obligación de los estados sociales (como el nuestro) de satisfacer los derechos fundamentales, que no son sino la consagración legal de la empatía humana (Lynn Hunt), el colocarse, si quiera con la imaginación, en la piel del otro.

Tiene sentido proteger o garantizar un núcleo duro que, es claro, ha sido conquistado por minorías menos poderosas en determinados momentos históricos, victorias que fácilmente podrían volatilizarse por la dictadura de las mayorías o por el omnímodo poder del mercado. Por eso, el derecho, el estado de derecho, es una garantía para los más débiles, y ésa es la gran virtud de los derechos fundamentales, que no son disponibles por la mayoría.

Sentado lo anterior, el debate político sólo puede desarrollarse (libremente, eso sí) dentro del marco constitucional, que es presupuesto, límite y garantía de la referida “esfera de lo no decidible”. En consecuencia, el quehacer político se debe al respeto y cumplimiento de las obligaciones que dimanan de la norma suprema: no violar derechos y no dejar de satisfacerlos. Por eso, en ocasiones y en determinadas circunstancias, votar (así, sin más) no tiene por qué ser un ejercicio de democracia, depende del quiénes, del cómo y de qué se vote.

Sin embargo, sabemos que día sí día también se desoye y vulnera el contenido de los derechos fundamentales, y ante tal escenario, ante la falta de respuesta política a los requerimientos emanados de los derechos recogidos en la Constitución, llegados a ese momento, no parece que resulte desproporcionado o inadecuado acudir a los propios mecanismos legales en defensa de esa ley de los más débiles que es nuestro catálogo de derechos fundamentales.

Se trata de una cuestión de momentos y de esferas. La esfera de la política está llamada a solventar cada problema o reto que se encuentre a nuestro paso en la convivencia que compartimos, respetando siempre el coto vedado (Garzón Valdés) que son los derechos humanos debidamente garantizados. Así las cosas, es la política la obligada a reducir la desigualdad, asegurar la educación y la sanidad pública, realizar un reparto equitativo de la riqueza o permitir el libre desarrollo y la libertad de elegir la propia peripecia vital de cada cual.

El derecho, por contra, actúa en otro momento, cuando falla la política, cuando no asume sus obligaciones, las mismas que dimanan de un derecho dúctil y mudable (por virtud de la propia política) pero que reserva un espacio que no puede volver a cuestionarse constantemente.

La existencia de cualquier crimen (un robo, un asesinato machista, un delito de odio) es un fracaso político –cívico-, pero si bien la respuesta debe ser aún más política (más educación, más igualdad, más libertad real), no por ello el derecho debe dejar de cumplir su rol, en su esfera y a su debido momento.

Cualquier postura que se ancle en una sola de estas esferas o momentos corre el riesgo de conducir a situaciones indeseadas: la sola política, si bien puede abrir horizontes más allá del estrecho marco de la ley, podría terminar premiando al incumplidor de las normas, que vería cómo sus conductas contrarias al ordenamiento no tendrían nunca consecuencias legales. La mera respuesta jurídica, sin diálogo político, anquilosaría el aparato legal, alejándolo de la cambiante realidad, premiando a su vez al gobernante perezoso.

La política y el derecho deben servir para mejorar nuestras vidas. Tienen algo de magia, pero de ésa más parecida a la del mago de Oz (con balanzas y contrapesos) que a la de los hechiceros de las palabras, mercaderes que las desgastan de tanto usarlas sin convicción ni voluntad. 




lunes, 14 de agosto de 2017

PREGUNTAS DE UN ABOGADO QUE LEE: SOBRE EL "CASO JUANA RIVAS"











“(…) Cada página una victoria. ¿Quién cocinó el banquete de la victoria? Cada diez años un gran hombre. ¿Quién pagó los gastos? Tantas historias. Tantas preguntas.”

Preguntas de un obrero que lee. Bertolt Brecht





Para cada problema complejo hay una respuesta clara, simple y equivocada. Así reza una de las famosas sentencias del periodista estadounidense Henry Louis Mencken en lo que puede ser una versión literaria del conocido como “sesgo de sustitución”, es decir, la pereza cognitiva que nos lleva a cambiarnos las complicadas preguntas que nos lanza la realidad por otras más sencillas, mucho más asequibles de responder, sobre todo si se acomodan a nuestras pasiones o prejuicios.

Algo así se aprecia en las opinologías viscerales y de trinchera que vienen desplegándose, con vocabulario casi bélico, en torno al conocido como CASO JUANA RIVAS.

Confieso que me resulta difícil aceptar que sea posible posicionarse respecto de una cuestión sin contar con una detallada y contratada información sobre la misma. Igualmente, no creo que, ante un caso como este –en el que se mezclan complejas cuestiones jurídicas con posicionamientos políticos y personales (¿acaso no es lo mismo?) sobre la violencia de género, los feminismos o la desobediencia civil-, resulte sencillo tomar partido clara y rotundamente por una postura maximalista y ello a pesar del evidente riesgo de ser tildado de equidistante, de falto de compromiso o de cómplice por omisión de lo que defienden los otros.

Cualquier procedimiento judicial (todo conflicto, en definitiva) comprende multitud de matices y posibilidades, aderezadas con sus respectivas consecuencias y externalidades que son de difícil manejo, más a más cuando están en juego el futuro de unos niños o la libertad de una persona. Las decisiones nunca son neutras, tienen consecuencias reales. No estamos ante un caso de laboratorio propio de las facultades de Derecho. Aquí, como diría el poeta, la vida va en serio.

Así las cosas, creo que por los antecedentes judiciales habidos -una sentencia firme por maltrato, con pena ya cumplida y sin efecto alguno respecto de la patria potestad o el régimen de visitas en relación con los menores; una orden, también firme, de entrega de los menores al padre, vía Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980; y varias denuncias interpuestas en España por Juana por maltrato-, el eco mediático –tan propio del verano- así como por el calado y respuesta social habida –#juanaestaenmicasa vs. feminazis- podríamos convenir que estamos ante algo así como un “caso difícil” es decir, y siguiendo a Ronald Dworkin, un litigio que, en principio, no puede subsumirse claramente en una norma legal establecida, lo que obliga al juez a buscar y encontrar un principio jurídico en donde amparar su decisión.

En resumen, no es equidistancia ni complicidad, sino que la solución al CASO JUANA RIVAS, aun partiendo del supuesto de que la madre llevara consigo la razón moral, no se antoja ni mucho menos sencilla o automática. Además, como se verá en estas líneas, una cosa es reflexionar a la luz de las reglas generales, de la pura teoría, y otra bien distinta tener que remangarse y lidiar con la menos prosaica y más terca realidad de las cosas.

Por el contrario, lo que sí que resulta fácil es sumarse a abanderar una causa (o su contraria), instrumentalizándose a Juana o a su ex pareja por quienes no tienen más que adscribirse (de manera permanente o no. Todo fluye a golpe de inocuo click) a un eslogan que ni se compadece con la verdad –la de las partes en litigio y la de sus hijos- ni tampoco les reportará consecuencias legales –léase, vitales- de tipo alguno. Recuerden, la vida (de los otros) va en serio.

Estos días se pueden leer frases lapidarias, escritas en mayúscula y negrita, que repetían que ser un maltratador inhabilita para ser (un buen) padre. Creo que, sobre el papel, nadie puede estar en desacuerdo con esa rotunda afirmación. Igualmente, en el plano meramente teórico, de casi ningún delincuente (robo con fuerza, lesiones a terceros ajenos a la familia, fraude fiscal, delito contra los derechos de los trabajadores, conducción bajo los efectos del alcohol, delitos contra el medioambiente...) podría predicarse que fuera un buen padre, y es que los valores sociales que transmitiría, voluntaria o involuntariamente, serían nefastos para sus hijos e hijas. Sin embargo, la realidad hace pequeñas concesiones que refutarían esa teoría. No es un argumento conservador –al menos no pretender, conscientemente, serlo- pero llevar la pura e inmutable verdad lógico formal a la realidad es imposible por las infinitas variaciones y contra variaciones de ésta y porque nos volvería, a los contradictorios seres humanos, aún más locos. En consecuencia, legal o judicialmente no se suele privar o inhabilitar de la patria potestad a quienes cometen delitos como los mencionados. Y casi nadie se rasga las vestiduras, a pesar de que somos toda la tribu los llamados a educar.

Con este escenario como fondo de pantalla se deben hacer verdaderos esfuerzos de mesura y análisis para no caer en la inevitable tentación de confundir realidad con deseo, ideología con razón jurídica, teoría general con el caso particular.

Por esos mismos motivos, aunque invocar, como se ha hecho, el instituto de la desobediencia civil –eso sí, que la practique otra persona- tenga un innegable halo de romanticismo ético y de lucha por la verdadera Justicia, la desobediencia, por sí misma, no va a ser de gran ayuda para Juana y sus hijos.

En su libro “Justicia como Equidad” John Rawls define la desobediencia civil como un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la Ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio legislativo (o en los programas de gobierno) y con la aceptación de las consecuencias legales. Es decir que la desobediente, una heroína, no se librará de cumplir con el rigor de la Ley –o la decisión judicial- a la que pretende, legítimamente, plantar cara.

Sobre este punto, se ha llegado a insinuar que Juana bien podría ser nuestra Rosa Parks (o eso nos gustaría), pero la activista afroamericana sólo pasó una noche en el calabozo y pagó una multa de 14 dólares por desórdenes mientras que Juana Rivas se podría enfrentar a penas de prisión y, lo que es peor, de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad. Además, Parks se opuso a una ley, la de segregación racial, manifiestamente inconstitucional (tal y como así se declaró por el Tribunal Supremo Norteamericano) aquí, en el caso de Juana, están en liza principios como la presunción de inocencia (artículo 24 de la Constitución Española, C.E.), la finalidad reeducativa de las penas (artículo 25 de la C.E.) o el principio de Seguridad Jurídica y de legalidad penal (artículos 9 y 25.1 de la C.E.). Por eso, como si de una partida de ajedrez se tratara, abocar a Juana a arropar su caso bajo la bandera de la desobediencia civil es tanto como sacrificar a la reina sin tener pensado aún el siguiente movimiento.

No propongo, sin embargo y como se verá más adelante, que haya que quedarse de brazos cruzados, pero no es fácil armonizar la lucha política con la singular situación vital y procesal de Juana Rivas, su ex pareja y sus hijos. En la pura teoría la lucha de Juana puede resultar heroica y hermosa, pero cuando acabe, al día siguiente, los menores, el padre y ella misma tendrán que seguir conviviendo con las consecuencias jurídicas y prácticas de sus actos. Consecuencias que serán fruto de las normas vigentes y de las resoluciones judiciales ya dictadas, lo que al momento presente pasa, no se olvide, por la inmediata entrega de los menores a su padre acordada tras la oportuna valoración pericial y judicial (en primera instancia y en apelación) llevada a cabo a la luz de la Ley y los principios constitucionales que se han citado y que, como también se ha dicho, son un logro amparado por nuestro ordenamiento jurídico. Eso al menos en teoría, pues cuando nos desagrada su concreta aplicación nos cuesta más seguir siendo defensores acérrimos de tales ficciones legales, otrora innegociables.

Además de lo dicho, el ruido y la furia mediática también complican la tarea de no caer en un facilón doble diálogo o doble rasero que no nos permitiríamos en otras circunstancias. Apuesto a que, sin Juana de por medio, no atacaríamos al Estado de Derecho y sus Leyes –iguales para toda la ciudadanía-, no despreciaríamos la referida presunción de inocencia –recuérdese que la denuncia no es fuente sino objeto de prueba, es decir, algo que debe probarse ante un tribunal- y no negociaríamos con la citada finalidad reeducativa y de reinserción social que la Constitución Española establece para las penas –algo que tiene mucho que ver con aquel “odia el delito y compadece (no justifica) al delincuente” atribuido a Concepción Arenal-.

Nos puede doler sinceramente la situación de una persona, pero a priori parecería que despreciar el armazón jurídico que ha costado tanto esfuerzo construir y garantizar –al menos en teoría- es un ejercicio temerario porque se puede volver en contra.

De cualquier modo, volviendo a Juana, su dramática situación (y la de sus hijos) no se soluciona con brindis al sol de políticos y políticas bienqueda, ni con campañas de apoyo en las redes sociales. Su concreta situación, guste más o menos, se habrá de dilucidar, para bien o para mal, ante los tribunales de Justicia y eso, de algún modo, creo que nos debe tranquilizar, pues el arriesgado envite de sentar como regla dinamitar el Estado de Derecho en cada caso singular (aún si fuera por una noble causa) produciría un peligroso precedente de imprevisibles, pero presumiblemente distópicas, consecuencias. Por eso mismo (y porque como decía Capote se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas) nadie querría que este caso pudiera poner en entredicho el Imperio de la Ley.

Ratificando todo lo dicho hasta ahora -que se mueve en el plano de la mera teoría general-, el vicio de la profesión a la que me dedico y la referida contradicción humana a la que me debo, me lleva a desoírlo parcialmente y concluir que, al menos desde el punto de vista del puro pragmatismo aplicado al supuesto concreto de Juana, pareciera que, en su defensa, la única salida que queda ya pasaría por hacer de su caso una causa, desplegando una estrategia de ruptura (Jacques Vergès, “La estrategia judicial en los procesos políticos”) es decir, un planteamiento táctico por el que se transforma la estructura del proceso, y en el que los hechos pasan a un segundo plano, adquiriendo el principal protagonismo la impugnación total del orden público. Se trata de defenderse en un campo minado, y para ello no se duda en hacer referencia a otras leyes –no las vigentes y aplicables al caso-, y a otra moral. Se niega la legitimidad de las normas, de los llamados a aplicarlas, de jueces, de fiscales. Así se consigue poner a la sociedad toda en contradicción con sus propios principios legales y éticos. Se sale del angosto marco del Derecho, se subvierte la Ley.

Vergès, el abogado del terror, pero también otros tantos compañeros y compañeras de profesión, no habrían tenido más opción, en defensa de su cliente, que hacer aquello que no se enseña en las Facultades de Derecho: aplicar la Ley más allá de su propia razón literal, utilizar el Derecho, saliéndose de él. Recurrir cada resolución judicial hasta la extenuación de los propios magistrados. Poner en jaque a la sociedad, teatralizar el conflicto, facilitar un relato de ganadores y perdedores, de buenos y malos. El derecho es dúctil, permite incluso que con él se forjen dagas que luego sirvan para acuchillarlo. Y no hay que alarmarse por ello. Ocurre a menudo en los tribunales.



El rigor y la lógica legal, la arquitectura jurídica tiene pies de barro cuando el pellejo está de por medio. La vida va en serio y en ella juegan a encontrarse la realidad y el deseo, un par de ciegos que juegan a hacerse daño.