lunes, 15 de mayo de 2017

HISTORIA Y TIRANÍA





En uno de los muchos diálogos brillantes y premonitorios de Los Simpson, Marge le dice a su marido, mientras ambos contemplan narcotizada y apaciblemente la televisión: "(la) Fox se convirtió en canal porno tan gradualmente que no me di cuenta".

Esta lapidaria afirmación (a todo se acostumbra uno) bien podría resumir uno de los temores que preocupan al historiador e intelectual Timothy Snyder en su urgente, necesario y sugerente último libro: Sobre la tiranía: veinte lecciones que aprender del Siglo XX (Galaxia Gutemberg, 2017).

Se trata de una obra que se lee de un tirón y que, sin embargo, se debe digerir poco a poco, reposadamente, ya que la inaplazable reflexión sobre sus lecciones requiere de la cochura de la que carece el apresurado y artificial ritmo de vida que llevamos.

“La historia no se repite, pero sí alecciona”, esa afirmación, que abre el libro de Snyder, condensa la tesis del pensador norteamericano y es que, en sus propias palabras: “cuando el orden político parece amenazado, nuestra ventaja es que podemos aprender de las experiencias vividas para impedir el avance de la tiranía”.

Esta valoración positiva de la historia (no en vano Snyder es considerado hijo intelectual del historiador tristemente desaparecido Tony Judt, con quien coescribió Pensar el Siglo XX. Taurus, 2012) se muestra como un antídoto frente a lo que otros reputados autores como Jo Guldi y David Armitage (Manifiesto por la Historia. Alianza Editorial, 2016) han definido como “una escasez de pensamiento a largo plazo” en tanto que “los políticos no miran más allá de las siguientes elecciones y la misma cortedad de miras afecta a los consejos directivos de las grandes empresas o a los líderes de las instituciones internacionales”.

Como si de un disparo de sentido común se tratase, cada capítulo-lección del libro se resume en una recomendación que resulta complicado rebatir: “no obedezcas por anticipado”, “defiende las instituciones”, “asume tu responsabilidad por el aspecto del mundo”, “recuerda la ética profesional”, “cree en la verdad”, “investiga”, “mira a los ojos y habla de las cosas cotidianas” o “sé todo lo valiente que puedas”. Estos aparentemente sencillos y sensatos consejos se arropan luego con ejemplos históricos extraídos, entre otros, del régimen soviético, del fascismo italiano o del nazismo alemán.

Resulta extremadamente fácil, nos enseñan los hechos, adaptarse a la cotidiana excepcionalidad consecuencia de una situación aparentemente extraordinaria y grave (como lo fue, por ejemplo, el incendio del Reichstag en 1933) y que deriva en la gestión del terror por quienes forman parte de un régimen que se torna poco a poco en tiranía (entendida, desde la Grecia antigua, como la usurpación del poder o la burla de las leyes llevada a cabo por una sola o por unas pocas personas). Entonces la verdad se diluye y “si nada es verdad, nadie puede criticar al poder, porque no hay ninguna base sobre la que hacerlo. Si nada es verdad, todo es espectáculo. La billetera más grande paga las luces más deslumbrantes”.

Desoír las lecciones del Siglo XX, entiende Snyder, nos habría conducido a caer en la trampa de la “política de la inevitabilidad”, que tiene que ver mucho con el “fin de la historia” proclamado por Fukuyama. Terminaríamos creyendo que los acontecimientos responden a una teleología prefijada, abocándonos sin alternativa posible a una meta predeterminada (y aquí puede leerse: globalización, liberalización, sociedad de mercado, austeridad…)

Sin embargo, apunta el profesor de Yale, otra tiránica falacia nos estaría acechando: la “política de la eternidad” o lo que es lo mismo la manipulada añoranza de un pasado que realmente nunca sucedió. Snyder la ejemplifica con una frase reiterada por Donald Trump en su campaña: “hagamos América grande otra vez”, sin que seamos capaces de definir qué sea ese “otra vez”.

A todo se acostumbra uno: a la pérdida progresiva de derechos (nos dicen que sólo fueron fugaces privilegios), a la devaluación de la democracia (reducida a un zafio y vano espectáculo entre partidos), al nuevo lenguaje político (que zancadillea a la verdad), o, más prosaicamente, a las injerencias del Gobierno en la Justicia.

Es fácil acostumbrarse (o que nos acostumbren) a casi cualquier cosa cuando cada paso hacia la tiranía se presenta como un hecho aislado, desconectado (burlando así nuestra capacidad de análisis histórica) o inevitable.

Por eso, conviene detenerse en las lecciones de la historia: el relato es la vacuna contra los inconexos y constantes golpes que asestan los titulares que compartimos en las redes sociales.





domingo, 2 de abril de 2017

UN MUNDO SIN HÉROES






Un clásico ejemplo de dogmática penal (para explicar figuras como la defensa propia o el estado de necesidad disculpante) es el conocido como “tabla de Carneades”, basado en el dilema ético planteado por Carneades de Cirene.


En el famoso experimento mental del filósofo griego, nos encontramos con dos náufragos que, en alta mar, consiguen asirse a una pequeña tabla de madera que sólo puede aguantar el peso de una persona. Sin duda, sería admirable que cualquiera de los marineros naufragados se soltara permitiendo que su compañero salvara la vida, pero en las facultades de Derecho se enseña que como quiera que la ley no puede exigir conductas heroicas, para el caso de que uno de los náufragos golpeara al otro con el objetivo de no ahogarse y salvar su vida, el conflicto entre dos bienes jurídicos de igual valor (la vida humana) y la imposibilidad de exigir otra conducta, deberían determinar una eventual sentencia absolutoria para el marinero que salvó su vida.


Según el D.R.A.E. el héroe (o la heroína) es la persona que se distingue por haber “realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si requiere mucho valor”. Resulta difícil discutir el halo romántico (Ulises, Antígona, la canción del pirata…) que envuelve a la figura del héroe. Ideales como la libertad, la independencia, la determinación, la audacia, la astucia o el coraje se asocian comúnmente a los muchos héroes y heroínas que en el mundo (y en la literatura y en el cine) han sido.


Sin embargo, cabe cuestionarse si en las sociedades jurídicamente organizadas y cuya virtud principal sea la Justicia (Ralws) la aparición del héroe no sería sino el resultado de una patología, y ello porque el normal y ordinario desenvolvimiento de los derechos de la ciudadanía no debería requerir de acciones o gestas extraordinarias.


Así las cosas, en determinados contextos, promover ideales heroicos –eso sí, debidamente customizados según las preferencias del mercado- se puede convertir en una herramienta paradójicamente conservadora o reaccionaria pues arrojaría a cada cual a, sin posibilidad de elección, tener que plantearse su vida como una perpetua sucesión de proezas excepcionales, insólitos emprendimientos o constantes incertidumbres. La vida se tornaría de este modo en una suerte de mito de Sísifo en el que cada día se desarrollaría una nueva lucha por conquistar lo perdido la noche anterior. Vida líquida.


Como prosaico ejemplo, puede servir la apuesta empresarial por confeccionar y liquidar lo que se conoce como “plantillas líquidas” en las que se contratan a profesionales freelance para trabajar en fugaces proyectos concretos que, una vez concluidos, les permitan quedar de nuevo libres para poder elegir con flexibilidad en qué nueva aventura empresarial enrolarse en orden a seguir desarrollando sus actitudes profesionales y añadiendo valor a su marca personal.


Como se aprecia, todo un arsenal teórico y propagandístico (desde las páginas salmón de los periódicos hasta los libros de autoayuda) trufado de una terminología que trata de ensalzar la mística de la heroicidad se pone al servicio de un azaroso mercado laboral en el que, parafraseando a Sartre, toda persona estaría condenada a ser un héroe.


Esta artificial y sucedánea épica de la vida heroica (que paralelamente desacredita otras opciones vitales a las que tilda de acomodadas, aburridas o conservadoras), sin embargo, encubre la imposibilidad de elegir el proyecto de vida que cada cual quiera vivir, enmascara la liquidación de la seguridad social, y certifica la derogación del derecho a elegir una apacible -lo que no es sinónimo de irresponsable o falta de compromiso- vida laboral sin sobresaltos. La ficción de la libertad del héroe, en realidad, no sería sino una imposibilidad de elegir. Como lúcidamente razonaba el tristemente desaparecido Gerald Cohen, una cosa es que el mercado se haya convertido en una ruleta de casino y otra muy distinta es que todos estemos forzados irremediablemente a jugar, incluso sin desearlo.


Por contra, la Constitución Española, en su bellísimo e innegociable artículo 10 afirma que el fundamento del orden político y de la paz social pasa por el libre desarrollo de la personalidad (que cada cual pueda optar por el proyecto de vida que desee) por la dignidad de la persona (su derecho a caminar erguido), por los derechos inviolables que le son inherentes o por el respeto a la ley y a los derechos de los demás.


El Derecho no quiere héroes, sino personas.






miércoles, 1 de febrero de 2017

ESPEJISMO LEGISLATIVO






Hay palabras que por su grandilocuencia o por su uso en apariencia sólo reducido a la retórica política, pareciera que no guardan relación con el ciudadano o la ciudadana de a pie. Se trata, en su mayoría, de términos que aluden a grandes sistemas de pensamiento, teorías económicas o ideologías políticas que se alejan del mucho más prosaico día a día. Una de estas palabras –un tanto desgastada por su reiterado y, en ocasiones, inadecuado uso- es “neoliberalimo”.

Intuitivamente, al escuchar esta palabra no podemos evitar pensar en grandes decisiones macro relativas a disciplina fiscal, a la reducción del gasto público, a la desregularización de la economía o a los gobiernos replegados orientados a las soluciones de mercado. Y claro, todo esto, en principio, nos coge muy lejos y no acertamos a ver sus efectos directos en nuestras vidas. Al menos eso parece.

Sin embargo, el neoliberalismo (una ideología, una forma de gobernar y un paquete de medidas económicas) extiende sus alas y va calando incansable e impenitentemente en el normal desenvolvimiento de nuestras vidas, de tal modo que, como en aquel personaje de Molière, un buen día descubrimos que llevamos años hablando en prosa sin saberlo.

Uno de los pilares de esta corriente ideológica es, ya se ha adelantado, la desregularización, lo que se justifica gracias a la ficción de la libertad y la igualdad (formal) de los individuos (seres racionales que actúan en su propio interés) para, de acuerdo con criterios de eficiencia económica, tomar las mejores decisiones para sí y, por extensión, para la comunidad (aquello de la mano invisible)

Sin embargo, este mito de la igualdad tiene difícil encaje –entre otras muchas esferas de la vida cotidiana- en las relaciones que se dan entre personas consumidoras y profesionales. Así las cosas, la obviedad de que un particular no tiene la misma posición de igualdad ni el poder negociador equivalente al de una gran corporación (que cuenta con mayores recursos, más fuerza en el mercado, más información o mejor y más actualizado asesoramiento) fue la que motivó el nacimiento de la tuitiva legislación protectora de los derechos de consumidores.

Pues bien, es teóricamente en este contexto en el que el pasado 21 de enero se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, norma que tiene como teórico objetivo el establecimiento de medidas –en concreto un candoroso trámite extrajudicial de reclamación entre consumidor y banco- que faciliten la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de crédito en aplicación de determinadas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria.

Según el preámbulo del citado Real Decreto-Ley la razón de ser de esta norma –supuestamente dictada en el marco de la protección del consumidor- se justificaría en que “la regulación de la Unión Europea de protección de los consumidores y los pronunciamientos de los tribunales nacionales y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han servido también para que la normativa española haya realizado avances significativos en esta materia”, de tal modo que el citado real decreto-ley pretende “avanzar en las medidas dirigidas a la protección a los consumidores estableciendo un cauce que les facilite la posibilidad de llegar a acuerdos con las entidades de crédito con las que tienen suscrito un contrato de préstamo o crédito con garantía hipotecaria que solucionen las controversias que se pudieran suscitar como consecuencia de los últimos pronunciamientos judiciales en materia de cláusulas suelo y, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, en los asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15”.

De la mera lectura de este intencionalmente neutral texto pareciera que la legislación nacional tuitiva del consumidor hubiera sido un camino de rosas, habiendo avanzado fruto de una sincera conciencia social de los poderes públicos. Sin embargo, la bien conocida verdad es que cada paso dado por nuestro legislador ha sido la respuesta –sonrojante- a una previa resolución judicial del TJUE que ha puesto en evidencia nuestra legislación nacional, obstinadamente irrespetuosa con la normativa europea. Es decir, el BOE actuando como una suerte de Ministerio de la Verdad de la distópica “1984” de Orwell.

Sin embargo, de un detenido análisis del real decreto-ley que aquí nos preocupa se desprende, sin embargo, que la norma, en realidad, no regula nada, no aporta nada, no sirve de nada. Se trata de un mero espejismo, una simple ilusión normativa.

Así las cosas, conviene recordar que la regulación tuitiva de los derechos de consumidores y usuarios parte de la premisa de que la capacidad, información y fuerza negociadora del profesional (aquí, el banco) es muy superior a la del consumidor, dándose por tanto una situación fáctica de asimetría que el Derecho debe evitar. Se trata pues de un conjunto de reglas que requiere la intervención de los poderes públicos, en evitación de los abusos que se someten al aplicarse la ley del más fuerte en una relación entre partes desiguales.

No obstante lo evidente de lo anterior, nuestro Gobierno ha tomado una inaudita y paradójica decisión: tratar de proteger a los consumidores dejándolos a su suerte en una negociación con los mismos bancos que les colocaron las cláusulas abusivas. De este modo, se pretende potenciar una huida de los tribunales (y sus garantías) en beneficio de la autocomposición alcanzada entre banco y consumidor (con sus deficiencias).

Es decir, el ejecutivo ha optado por legislar sobre cuestiones sociales con criterios propios del neoliberalismo. Y eso nos afecta directamente.

En conclusión, bajo la apariencia del dictado de una norma protectora de las personas consumidoras, en verdad, únicamente se protege a la banca. Sólo existen consideraciones jurídicas en beneficio de las entidades financieras (como la beneficiosa y difícilmente sostenible regulación acerca de las costas procesales) a quienes no se les castiga si continúan comportándose como hasta ahora. Eso sí, todo con una retórica orwelliana que parece buscar, de manera paternalista, lo mejor para el consumidor y que, sin embargo, lo aleja de los tribunales, invitándolo y acercándolo, indefenso, a volver y no salir del mismo libre mercado que ya lo apresó en las redes de las cláusulas suelo.